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Agricultura se compromete a revisar los seguros agrarios, aunque los firmados este año “no se pueden tocar”

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha comprometido a “revisar” y “estudiar” los seguros agrarios, pero los que ya están firmados “no se pueden tocar hasta su vencimiento”, porque “lo que está hecho este año, ya está hecho”, según ha declarado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana.

Bascuñana ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa acompañado por los delegados del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo; Castilla-La Mancha, Jesús Labrador; y Valencia, Paula Sánchez de León, junto a la directora de Relación con las Delegaciones del Gobierno del Ministerio de Presidencia, Marta Crespo, tras la reunión de trabajo que han mantenido en Murcia.

Cabe recordar que los agricultores se manifestaron a finales de octubre para protestar por la “falta de ayudas de las administraciones públicas a las líneas aseguradoras” y porque, en los últimos años, “se han ido deteriorando los seguros agrarios sin que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) se haya hecho eco de las numerosas peticiones realizadas”.

Bascuñana ha recordado que la polémica sobre los seguros agrarios afectó especialmente a la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, donde los agricultores manifestaron su malestar con la limitación del rendimiento de frutales o los cálculos en las indemnizaciones en los cultivos de uva, entre otros asuntos.

Tanto Bascuñana como Sánchez de León mantuvieron reuniones con los agricultores y actuaron en primera instancia. Ahora se han sumado los cuatro delegados de Gobierno, porque el asunto “también afecta a sus comunidades en alguna medida”, y junto a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, se han puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha manifestado que el propio Ministerio “ha tomado cartas en el asunto y está resolviendo y atendiendo las demandas que les habían planteado los agricultores”.
DESTRUCCIÓN DE DROGA INCAUTADA

La reunión entre estas cuatro comunidades autónomas limítrofes ha servido para tratar otros temas relacionadas entre todas ellas y de coordinación, como la problemática originada por los costes de almacenamiento de las drogas incautadas en las operaciones policiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los cuatro delegados del Gobierno han recordado que, cuando mantuvieron su primera reunión a finales de enero de 2013, todos pusieron de manifiesto los problemas que les estaba ocasionando el almacenamiento de estas drogas, por lo que solicitaron “cuanto antes” actuaciones al Gobierno de España.

El objetivo era “mantener almacenadas las cantidades de droga necesarias para las pruebas que necesitara la Justicia”, pero que el resto “se pudiese destruir inmediatamente, ya que no estaba produciendo ningún bien”.

El Gobierno de España, con la coordinación de la Vicepresidencia del Gobierno, promovió un acuerdo entre los ministerios del Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas, entre otras instituciones, que firmaron un protocolo de actuación que permite que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “no tengan que almacenar tanta droga”.

Bascuñana ha señalado que las delegaciones van a seguir trabajando con la administración de Justicia para que “se facilitan todavía más los plazos, las cantidades de droga a guardar y los tiempos, para que se pueda destruir en poco tiempo. Era un tema sencillo pero que no se estaba ejecutando y estaba creando problemas”, subraya Bascuñana.

El nuevo protocolo ha permitido disminuir el tiempo que transcurre para destruir la droga almacenada como resultado de las incautaciones policiales, lo que ha facilitado “reducir los costes derivados de su destrucción”. Hasta ahora, por ejemplo, esta droga era enviada hasta Asturias para su destrucción, y ahora se realiza en Andalucía.
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Entre los temas abordados, en líneas generales se ha abordado “reforzar todos los servicios en aspectos de seguridad o emergencias, como las propias actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que este año no han sido requeridos en la Región, pero que en años anteriores sí que fueron necesarios en episodios de catástrofes naturales e incendios”.

En materia de seguridad, los cuatro delegados del Gobierno han evaluado la Operación ROCA, que se puso en marcha en el mes de julio, con la firma de un protocolo entre los Ministerios de Agricultura e Interior. A partir de entonces se han formado 55 equipos de la Guardia Civil en toda España, la mayoría de los cuales se concentran en las comunidades de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Por una parte, Bascuñana ha valorado “lo que puede ser la reforma del Código Penal en lo que respecta a la tipificación de hurtos y penas, de uno a tres años por robos agrícolas a ganaderos; de uno a cuatro años por delito con arma o pertenencia a organización criminal; y el incremento de penas a autores de incendios forestales”.

En lo que respecta al propio Plan ROCA, ha remarcado que el despliegue de los 55 equipos de la Guardia Civil ha permitido “una zonificación, que era importante”, y una “periodificación”, ya que “no en todo momento es importante la actuación policial”, dadas las épocas de colecta y dependiendo del fruto del que se trate.

Los cuatro delegados del Gobierno, que mantuvieron acuerdos con las organizaciones agrícolas han reconocido el “éxito que ha supuesto este plan ejecutado por la Guardia Civil”.
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los cuatro delegados del Gobierno también han tomado en consideración las medidas encaminadas a la reforma de la administración pública.

Bascuñana ha recordado que se pedía “una racionalización” y remarcado que, con carácter general, todas las administraciones –la local, la autonómica y la Administración General del Estado– “están trabajando y colaborando”.

En este sentido, ha confirmado que se han desarrollado “diversas reuniones y acuerdos muy concretos con comunidades autónomas en cuanto a esa racionalización”.

Esta racionalización se basa, en primer lugar, en “formar una plataforma única de contratación”; así como en la eliminación de la competencia autonómica de clasificación de empresas, ya que la responsabilidad ha pasado a ser de la Administración General del Estado. En tercer lugar, se ha procedido a crear registros oficiales de contratistas y, en cuarto lugar, se ha acordado la eliminación de las juntas consultivas autonómicas.

Bascuñana ha admitido que “no está todo resuelto” pero “sí que hay voluntad de trabajo y, para ello, se han creado los grupos de trabajo necesarios, que están dando sus resultados”.

Ha valorado que, cuando se cumplen dos años del Gobierno popular y de sus tomas de posesiones como delegados, “hoy se empieza a ver la recuperación y la salida de la recesión que todos, hasta los propios empresarios, es tán reconociendo”.

Antes de mantener esta reunión, los cuatro delegados del Gobierno han sido recibidos por el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, con quien han abordado diversas cuestiones como infraestructuras que están relacionadas por las comunidades autónomas reunidas.

(EUROPA PRESS)

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