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CESCE ejercerá de Agente Gestor de los seguros de internacionalización durante ocho años

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) ejercerá como Agente Gestor de los seguros de internacionalización de la economía con cobertura del Estado durante ocho años, uno más de los previstos inicialmente, pero no contará con el derecho de prórroga mediante tanteo que recogía el proyecto de ley con el que se privatizará este organismo.

Así se recoge en una de las cinco enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley sobre la Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Los ´populares´ plantean así modificar el régimen transitorio de prestación de esta actividad aseguradora para que CESCE ocupe el nuevo cargo de Agente Gestor durante ocho años en lugar de siete años, y también se elimina de la redacción la referencia a que su sustituto tras ese periodo ejercerá durante tres ejercicios.

SIN DERECHO DE TANTEO

En la misma disposición, el partido que da sustento al Gobierno ha decidido eliminar la referencia al derecho de CESCE de prorrogar su función como Agente Gestor a través del ejercicio de derecho de tanteo “siempre que iguale la mejor oferta recibida, abonando una contraprestación nunca inferior a la comprometida en su oferta inicial para dicho periodo adicional”.

Según justifica el PP, permitir estas condiciones de prórroga “introduce importantes elementos de incertidumbre” para el posible adquiriente del 50,25% del accionariado de CESCE que se privatice, a la vez que “le atribuye facultades y decisiones que le correspondería asumir a CESCE como compañía y no como accionista”.

Por eso, finalmente sólo se prevé que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación pueda “participar en el procedimiento (de designación del nuevo agente gestor) en condiciones de igualdad con el resto de los licitadores”.

Asimismo, se ha eliminado del redactado del proyecto de ley la previsión de que, si el concurso de licitación del Agente Gestor queda desierto, sea CESCE la que continúe con la gestión de la actividad durante un máximo de tres años, satisfaciendo para ello una contraprestación que nunca podría ser inferior a la comprometida en su oferta inicial.

“Estas situaciones de continuidad obligatoria en caso de que quedase desierta la designación de un nuevo Agente no prevé las condiciones en que se asumiría la gestión de los riesgos en el nuevo periodo”, justifican los ´populares´, si bien en la enmienda no se propone una solución para los casos de licitaciones que queden desiertas.

TARIFAS DE LOS SEGUROS

Con otra de sus enmiendas, el partido mayoritario establece que será el Ministerio de Economía el que fije el esquema general de aplicación de tarifas a aplicar a las operaciones aseguradas, “para evitar negociaciones caso a caso entre el Agente Gestor y los que contraten las coberturas”.

No obstante, dichas tarifas deberán estar sujetas a lo previsto en los acuerdos y normas internacionales sobre el seguro de crédito a la exportación con apoyo oficial y su normativa, y dentro del marco que reglamentariamente se establezca.

En la redacción inicial del proyecto de ley, sólo se otorgaba a Economía la capacidad de establecer las tarifas máximas, dejando al Agente Gestor margen para poder reducirlas hasta los mínimos fijados por los convenios internacionales, opción que ahora desaparece.

ZONAS FRANCAS

Por último, los ´populares´ han presentado otra enmienda para modificar la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 1998, con el objetivo de “aclarar el régimen jurídico” de los Consorcios de la Zona Franca, cuya normativa está muy “dispersa” a pesar de la “singular naturaleza y funciones” de estos organismos.

Así, una vez se introduzca esta previsión en la ley, quedará aclarado que es el Ministerio de Hacienda el que otorga las autorizaciones para constituir zonas francas y las entidades públicas encargadas de su gestión, siempre que estas autorizaciones sean solicitadas por quienes vayan a participar en la entidad en el momento de su creación, que su objeto principal sea la gestión de una zona franca y que en su órgano de gobierno esté representado el Estado.

No obstante, en estas entidades también podrán participar otras administraciones, aunque sin modificar su naturaleza de sector público estatal. Según el PP, estos cambios “salvaguardan el principio de seguridad jurídica de lo realizado hasta ahora y de lo que se gestione en adelante, concretando los trámites y requisitos” para la constitución de una Zona Franca.

elsemanaldigital.com

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