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Pleito por contratos de seguros del gobierno

Un corredor de seguros alega en una demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que el Departamento de Hacienda le rescindió, sin explicación alguna, los millonarios contratos que obtuvo para manejar los seguros de nueve dependencias públicas por intervención directa del padre de la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, Enrique Vila del Corral, para presuntamente favorecer a otra empresa aseguradora.

Según la demanda, luego de que el corredor Carlos Rodríguez Quintero obtuviera el contrato para proveer los seguros de construcción del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC), Vila del Corral, presidente de la Junta del CCC, le informó que él había escogido a otra empresa, a pesar de que la contratación de los seguros de las agencias las gestiona el Departamento de Hacienda.

La empresa elegida por Vila del Corral para los seguros del CCC, según la demanda, fue Fulcro Insurance. El documento sostiene que cuando el CCC se negó a seguir las directrices de Vila del Corral, este reaccionó encolerizado y al poco tiempo se rescindió el contrato sin que mediara una explicación.

En la petición de interdicto presentada por Rodríguez el 31 de diciembre del 2013, el empresario reclama que el Tribunal deje sin efecto la cancelación de su contrato y que impida que Vila del Corral y la subsecretaria de Hacienda, Karolee García, continúen con “su actitud intransigente, agresiva, contraria a derecho y de mala fe”.

Rodríguez fue seleccionado por Hacienda en el 2013 para manejar nueve cuentas de seguro del gobierno, que representan $2.8 millones en primas anuales. El contrato estaría vigente hasta el 30 de marzo del 2014 y establecía un pago de 7% de comisión, equivalente a $196,000 anuales. Entre las nueve dependencias figura el CCC.

En la demanda se alega que desde que Rodríguez comenzó en el CCC recibió de parte de Vila del Corral “un trato hostil, hostigamiento y comentarios ofensivos sobre su capacidad para manejar cuentas con la clara intención de despojarlo de sus agencias para que otros corredores obtuvieran el negocio competido, ganado y contratado con el demandante”.

El documento sostiene que García, al rescindir el contrato, “consintió a nombre de Hacienda, la conducta amenazante, ilegal y caprichosa del codemandado Vila del Corral por la influencia y poder que este representa por su relación filial con la secretaria de la Gobernación”. Además, señala que “estas prácticas desgraciadas, abusivas con visos de corrupción no deben tener cabida en el área de seguros y del Departamento de Hacienda”. También se señala que, en intercambios con Rodríguez, Vila del Corral usó expresiones de poder o de abuso de este como: “yo soy de la Junta del Banco Popular, de la Junta de UBS, mi hija es secretaria de la Gobernación”.

En entrevista con El Nuevo Día, Vila del Corral negó que hubiese intervenido con ese contrato, pero advirtió que no haría expresiones a fondo sobre el caso. “El señor Quintero me ha demandado porque entiende que fui el factor determinante para que a él le quitaran los contratos. No es así y así se probará en su momento… Lo que sí le dije es que, como siguiera insistiendo le iba a radicar una querella en el Comisionado de Seguros”, indicó.

Agregó que si la demanda es aceptada por el tribunal “yo no tengo problema, no me importa correrme el riesgo de que el señor (Quintero) me demande porque no tiene base para demandarme. Cada quien hace lo que quiere y dice lo que quiere… Pero después tendrá que probarlo y ahí él tendrá un pequeño problema”.

Además dijo que la razón para que Quintero demandara “es que mi hija es la secretaria de la Gobernación”. Vila del Corral es representado por el licenciado Steven Lausell.

Origen de la controversia

El 13 de diciembre pasado Vila del Corral fue el anfitrión en la actividad en la que el gobernador Alejandro García Padilla anunció el inicio de la construcción del CCC, a un costo de $196 millones y una inversión de $130 millones en equipo y muebles.

En la demanda se indica que Vila del Corral interesaba que el proyecto de esa construcción se manejara con una póliza denominada Programa de Seguros Controlado por el dueño (OCIP, por sus siglas en inglés). Este tipo de póliza garantiza ahorros sustanciales porque todos los seguros de un proyecto los provee un solo asegurador o pocos. El modelo más costoso permite que los distintos contratistas busquen sus seguros y luego incluyan ese costo en su tarifa de construcción.

Según la demanda, Vila del Corral citó a Rodríguez el 2 de noviembre para hablar de la póliza OCIP y este acudió acompañado de José Roque, especialista en pólizas OCIP de ACE Insurance Company, un asegurador local con vasta experiencia en ese tipo de cubierta. El documento indica que Vila del Corral no permitió la presencia de Roque y le indicó a Rodríguez que él había seleccionado a Fulcro Insurance para el trámite de los seguros. En esa reunión, se alega, participaron José Ledesma y José Lee, de Fulcro Insurance; y José Dávila, director ejecutivo del CCC. También se indica que Vila del Corral propuso que la contratación no se hiciera a través de Hacienda, “porque tienen mucha burocracia” y que “no quería que la prensa se enterara de la decisión que había tomado”.

En una declaración jurada Rodríguez indica que Vila del Corral le dijo que “se pusiera de acuerdo” con Fulcro para compartir la comisión, que sería del 20%. Rodríguez añadió en la declaración que Ledesma le pidió a José Dávila que emitiera una carta de nombramiento para Fulcro. Presuntamente, Dávila se negó porque “Quintero era el productor nombrado por Hacienda y yo no me voy a buscar problemas con Hacienda”.

Según la demanda, el 12 de noviembre Dávila envió un correo electrónico a Vila del Corral y a Ledesma reiterando que trabajaría los seguros con Rodríguez. Tras recibir copia del mensaje de Dávila, Rodríguez le envió a Vila del Corral, vía correo electrónico, su propuesta de seguros para el proyecto.

El 14 de noviembre, Vila del Corral le respondió airado vía correo electrónico y le advirtió que “no continúe interviniendo con nuestro diario negocio o me veré obligado a radicarle una querella en el Comisionado de Seguros”. El 11 de diciembre la subsecretaria de Hacienda, Karolee García, le notificó a Quintero la terminación del contrato efectivo el 26 de diciembre, por lo que perdía la cuenta del CCC y de las otras ocho dependencias públicas.

La licenciada Ada García, representante legal de Quintero, sostuvo que hasta ahora su cliente no sabe las razones para que Hacienda le cancelara el contrato. “Nunca le han dicho a Quintero por qué lo han despedido y nunca en Hacienda le han cuestionado sus decisiones en el manejo de nueve agencias o su plan de seguros para el CCC. Nunca le ha presentado un informe negativo de su trabajo”, dijo García.

La próxima vista será mañana jueves.

elnuevodia.com

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